Polonia cree que el italiano que promueve el macromatadero de Binéfar le estafó más de 42 millones de euros

La Policía y la Fiscalía polaca pretenden juzgar al italiano Piero Pini como el líder de un entramado criminal que implica hasta la fecha a setenta personas, y al...
Concentración antiespecista contra el macromatadero apadrinado por el presunto criminal Piero Pini.

La Policía y la Fiscalía polaca pretenden juzgar al italiano Piero Pini como el líder de un entramado criminal que implica hasta la fecha a setenta personas, y al que culpan de una de las mayores estafas al fisco de la historia de su país. Lo explica Krzysztof Bukowiecki en una entrevista, representante de la Fiscalía de Lódź.

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BARCELONA18/03/2019 07:40 Actualizado: 18/03/2019 07:40

FERRAN BARBER

Los polacos creen que Piero Pini lideró en su país una organización criminal sobre la que pesa hasta el día de hoy la sospecha de la comisión de al menos 86 delitos. Gracias a esa presunta red de fraude, Piero Pini y sus cómplices podrían haber dejado de pagar a la Hacienda de Polonia 41,82 millones de euros (180 millones de zlotys) en impuestos sobre las ganancias corporativas. Estas y otras revelaciones sobre las actividades del italiano que promueve el macromatadero de Binéfar han sido realizadas en el transcurso de una entrevista concedida a este diario por Krzysztof Bukowiecki ―representante de la Fiscalía Regional de Lódź. El procurador ha confirmado la veracidad de las pesquisas sobre el estado de la investigación realizadas y divulgadas por este diario en las semanas precedentes al tiempo que proporciona nuevos datos sobre la naturaleza del entramado criminal que presuntamente dirigió Piero Pini desde 2011 a 2016.

“[Piero Pini] está también bajo sospecha de fraude fiscal y de la extorsión de reembolsos indebidos de IVA por un monto de 65 millones de zlotys (15,2 millones de euros) mediante la presentación de declaraciones falsas de impuestos y la emisión de facturas poco fiables de IVA. Es igualmente sospechoso de haber ordenado el reemplazo de varias docenas de compañías y de falsificar operaciones comerciales para proporcionar supuestos servicios [ficticios] a Pini Polonia”, asegura Krzysztof Bukowiecki.ADVERTISING

Hasta la fecha, la empresa que promueve el macromatadero de Binéfar ―Pini Litera― y dos pequeñas instalaciones en las poblaciones también oscenses de San Esteban y Albelda se ha limitado a guardar silencio en nuestro país sobre las actividades criminales que se le imputan a raíz de la gestión del matadero polaco de Kutno, y, en general, sobre cualquier otro aspecto de su proyecto español, fuera de los actos informativos cocinados ad hoc con la ayuda de las propias instituciones aragonesas que han allanado y favorecido el desembarco del presunto delincuente. El propio presidente socialista aragonés, Javier Lambán, ha llegado a alentarle a que solicite ayudas institucionales mientras se retrataba cordialmente junto al alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, y el presunto criminal italiano que ha prometido 1.600 empleos.

Niegan los cargos

En Polonia, Pini y sus representantes han negado hasta la fecha los cargos que pesan sobre ellos y su entramado mafioso, así como la veracidad de parte de las informaciones policiales y judiciales sobre los antecedentes, sus prácticas y los manejos dudosos de los negocios dados primero a conocer por la prensa húngara, polaca e italiana, y posteriormente recogidos por este diario. Poloniaes el país en el que tiene fijada oficialmente Pini su dirección de residencia. Por orden judicial, debe visitar al menos dos veces mensuales una comisaría polaca, tal y como se explicaba en este diario el pasado 22 de febrero y como ahora confirma Bukowiecki.

“El sospechoso, Piero [Pini], está obligado a comparecer dos veces al mes, en días y horas designados, en la unidad de Policía que se la ha indicado”, ha asegurado el procurador. “La primera fianza que se le exigió [para eludir la prisión tras su arresto policial] al sospechoso Piero P., en diciembre de 2016, ascendió a 10 millones de zlotys [dos millones y medio de euros]. En julio de 2017, ésta se incrementó a 50 millones de zlotys [12,5 millones de euros] y en diciembre de 2018, la fianza se fijó en 100 millones de zlotys [25 millones de euros]. Estas sumas se pagaron mediante transferencias bancarias. El sospechoso Piero P. indicó su lugar de residencia permanente en Polonia. Sin embargo, debido a la ley protección de los datos personales, ésta no puede hacerse pública”.

Setenta sospechosos investigados

Según Bukowiecki, “actualmente, hay 70 sospechosos investigados por el caso; estos han sido acusados de participar en un grupo delictivo organizado; de simulación de operaciones comerciales; del uso de facturas de IVA no confiables; de la presentación de declaraciones de impuestos falsas; de fraude fiscal; de obtener reembolsos de IVA sin fundamento, y también de lavado de dinero”. Entre los imputados, no se encuentran ni los hijos ni el hermano de Pini.

Asimismo, entre los cargos presentados contra ellos, no hay ninguno hasta el momento relacionado con la vulneración de los derechos laborales de sus empleados, pese a que tanto la propia Oficina central de Policía de Polonia como las autoridades laborales competentes de este país aseguraron en diciembre de 2016, a través de numerosos medios de comunicación, que varios cientos de empleados -muchos de ellos, extranjeros- no acreditaron debidamente sus documentos de permiso de trabajo y de residencia durante el espectacular registro efectuado en el matadero de Kutno en esa misma fecha.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Policía polaca ―recogido por medios como el Tygodnik Poradnik Rolniczy―, la Guardia de Fronteras detuvo a cinco ciudadanos ucranianos que se encontraban ilegalmente en Polonia durante el operativo. Además, en esa misma comunicación oficial se precisaba que “los inspectores de PIP revelaron que 142 ciudadanos de Ucrania y 244 polacos carecían de contratos de trabajo”. No ha sido posible obtener una respuesta por parte de la empresa investigada para aclarar si los cargos se retiraron con posterioridad debido a que acreditaron que los citados empleados sí poseían los documentos necesarios.

El procurador polaco ha precisado a Público que “hasta el momento, a Piero P. no se le ha exigido que permanezca en Polonia; al sospechoso se le impuso el pago de una fianza de 100 millones de zlotys y la supervisión policial, además de la obligación de comparecer en la unidad de Policía indicada y de informar sobre los cambios en el lugar de su permanencia permanente y una prohibición de contactar con los coapelantes”.

El representante de la Fiscalía de Lódz ha aclarado que “las solicitudes de sanción no se han determinado todavía. Se presentarán al tribunal una vez se hayan completado todos los procesos judiciales, pero probablemente estarán en los límites superiores de la amenaza legal [cercanas a las máximas posibles], tanto en lo que se refiere a las penas de prisión como a las multas”.

Bukowiecki ha aclarado también a Público que “la investigación se desencadenó como consecuencia de una notificación procedente de la Oficina Central de Investigación de la Policía basada en sus propios hallazgos y en las pesquisas de las autoridades polacas de inspección fiscal. La Fiscalía de Polonia no tiene dudas de que, en efecto, en el matadero expropiedad de Pini, y situado en Kutno, se llevaba a cabo una actividad económica real vinculada a la carne, pero en el marco de esa empresa, “el sospechoso Piero P. utilizaba prácticas ilegales encaminadas a reducir sus costos y sus obligaciones fiscales”.

Sin fecha para el juicio

En relación a la red de empresas interpuestas y cooperativas que prestaban sus servicios en el matadero de Kutno bajo un régimen de subcontrata, el procurador ha precisado que “fueron fundadas por personas que, en realidad, no administraban esas entidades [hombres o mujeres de paja, en términos coloquiales]. Sólo proporcionaban sus datos personales con fines registrales y los documentos eran firmados en su nombre. Todas estas empresas fueron administradas por la socio de Piero P. –Elzbieta M.– quien, junto al propio empresario [Pini], es acusada de dirigir un grupo criminal organizado”.

Por el mismo motivo y por el hecho de que la investigación aún sigue en curso, “todavía no se ha fijado la fecha de inicio de los procedimientos judiciales”. En palabras de Bukowiecki, “debido a la naturaleza confidencial de la investigación, no es posible revelar si las empresas húngaras o italianas de Pini han sido o están siendo investigadas por razones similares. En todo caso, el procedimiento que se sigue en Polonia se centra exclusivamente en las presuntas actividades delictivas cometidas en Polonia”.

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